Se han presentado varios proyectos de ley para cobrar Impuesto a las Ganancias a las inversiones financieras, como por ejemplo, venta de acciones, bonos, intereses de plazos fijos e inclusive, la diferencia de cambio de moneda extranjera.
En principio, la medida afectaría a personas físicas y residentes extranjeros. Las sociedades locales pagan el impuesto cuando obtienen ganancias financieras (aunque existen algunas excepciones).
Si bien el oficialismo también presentó un proyecto en junio de 2012 (impulsado por el Diputado Héctor Recalde), diversos medios periodísticos informaron que están trabajando en un nuevo proyecto para gravar la renta financiera sin afectar al pequeño ahorrista.
El tratamiento en el Impuesto a las Ganancias es, a grandes rasgos, el siguiente:
1. las personas físicas están exentas de:
1.1. los intereses originados en colocaciones en bancos del país;
1.2. los resultado por compraventa de acciones y títulos (con o sin cotización en bolsa);
1.3. las actualizaciones de créditos y diferencias de cambio;
1.4. los resultados por compraventa e intereses de Obligaciones Negociables colocadas por oferta pública; y
1.5. los resultados de valores fiduciarios (intereses, compraventa, ajustes de capital) colocados por oferta pública y donde el fideicomiso tituliza activos.
2. los residentes extranjeros (personas físicas o jurídicas) están exentos de:
2.1. los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, bonos y demás títulos valores obtenidas por beneficiarios del exterior; y
2.2. resultados por compraventa e intereses de Obligaciones Negociables colocadas por oferta pública; y
2.3. los resultados de valores fiduciarios (intereses, compraventa, ajustes de capital) colocados por oferta pública y donde el fideicomiso tituliza activos.
Si bien se desconoce con exactitud cuáles son los cambios propuestos y cuándo comenzarán a regir, parecería que existe consenso para que este tipo de ganancia no quede al margen del impuesto cuando, por otro lado, existe una elevada presión impositiva sobre los asalariados al no actualizarse desde el año 2000 el piso a partir del cual deben pagar impuesto, entre otros aspectos.
